Redacción/abysemorelia.com.mx
El Gobierno de Michoacán confirmó que el pasado 16 de febrero se presentaron las primeras cuatro denuncias en materia penal, derivadas del manejo irregular del gasto público durante la administración pasada, y que implicaría una afectación al erario de más de 5 mil millones de pesos.
La secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, acompañada por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que las denuncias fueron interpuestas ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las denuncias fueron en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración anterior, así como de un representante legal de una empresa privada.
Los probables delitos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Carlos Torres Piña, aclaró que, por la naturaleza de las denuncias e investigaciones, el Gobierno de Michoacán mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias; no obstante, informó que entre los hallazgos que se hicieron se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
También fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dos denuncias en contra de siete ex servidores públicos, mismas que podrían ampliarse si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán, como son el ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Finalmente, explicó que de acuerdo a la información obtenida y conforme avance la investigación, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.
