Por: ABySe Morelia/Redacción
- Estamos en una situación más que catastrófica, oficialmente ya son más de 70 mil personas fallecidas
- Las omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia deben ser constitutivos de delitos federales
- Se debe investigar si las autoridades tomaron en serio la pandemia, si implementaron las acciones correctas y las mejores prácticas internacionales conocidas hasta el momento
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2020.- Ante la negativa del gobierno federal de realizar una auditoría externa por especialistas al manejo del Covid en México, Acción Nacional presentará este lunes ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra de Hugo López-Gatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia originada por el Covid-19 y que sean constitutivos de delitos federales.
El recurso que será presentado por el PAN establece que, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación, en contra de la vida y en detrimento de la salud de las personas.
«Simplemente, resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que en lo que se vendieron originalmente», indicó el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza.
De igual forma, no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de COVID-19, ni mucho menos se les entregó el equipo adecuado de protección. Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas al igual que ha afectado la salud de muchas otras.
Destacó que las contradicciones que se suscitaron entre las autoridades administrativas federales, porque mientras las autoridades sanitarias recomendaban mantener la «sana distancia» y no abrazar, ni saludar con la mano, además de permanecer en casa, el presidente de México hacía lo contrario en sus giras de trabajo al mantener la cercanía con las personas e inclusive, invitando a la población a salir.
Cada decisión y cada contradicción, sostuvo, nos han llevado a la crisis sanitaria actual y debe investigarse y sancionarse a los responsables, empezando por Hugo López-Gatell, persona a cargo del manejo de la pandemia, lo cual constituye un hecho notorio.
Se debe recordar que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de México hizo caso omiso a la recomendación de la OMS, de los científicos y especialistas, de realizar pruebas masivas de detección para mitigar y atender oportunamente el contagio, siendo fecha que las instituciones de salud pública niegan la prueba hasta que el paciente ya está en un estado de salud delicado, provocando con eso que hoy nuestro país tenga una tasa de letalidad del doble respecto del promedio mundial.
Hizo énfasis en que el modelo denominado «Centinela» que inicialmente se utilizó como el sistema de vigilancia que calculaba que la pandemia originada por el COVID-19 en México, era ocho veces mayor que lo reportado por las autoridades federales, resultó no ser el modelo recomendado internacionalmente. De hecho, ignoraron abiertamente las recomendaciones de organismos internacionales sobre dicho modelo, y con ello, se perdió otra valiosa oportunidad de implementar estrategias adecuadas para el control de la pandemia.
La denuncia de hechos que habrá de presentarse plantea que la autoridad investigadora deberá ahondar en la búsqueda de elementos probatorios para que determinen si las autoridades administrativas del Gobierno Federal, a través de Hugo López-Gatell, tomaron en serio la pandemia, si implementaron las acciones correctas y las mejores prácticas internacionales conocidas hasta el momento para enfrentar de la mejor forma esta emergencia sanitaria, ya que en su carácter de autoridades públicas encargadas del manejo y atención de la pandemia cuentan con una posición de garante respecto a los bienes jurídicos tutelados por las normas penales específicamente tratándose de la vida, la salud y la seguridad de la población.
«Sus acciones, omisiones y negligencias deben ser analizadas por la Fiscalía General de la República para que se determine la probable responsabilidad en la comisión de delitos en perjuicio de los mexicanos y del personal médico de las instituciones de salud», señaló Cortés Mendoza.
Asimismo, establece que es evidente e importante la influencia que el presidente López Obrador tiene en millones de mexicanos -de todas las edades-, por lo que al ver que él no usa cubrebocas y los descalifica, al igual que López-Gatell, su actuar provoca que muchas personas tampoco las utilicen y se ubiquen en situaciones de riesgo de contagio en detrimento de su salud e inclusive, de su vida.
Si ambos se pusieran cubrebocas, añade la denuncia, habría muchísimas personas que seguirían su ejemplo. Parece que no se dan cuenta del daño que le hacen a la población o que, dándose cuenta, lo hacen con dolo.
Las conductas de los servidores públicos tienen impacto en los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, en tanto que son garantes de los mismos en virtud del específico desempeño de sus funciones.
Finalmente, Cortés Mendoza destacó el desprecio del gobierno federal a las catorce recientes recomendaciones de seis ex secretarios de Salud, para lograr un mejor manejo de la pandemia y que más pronto podamos salir adelante. «Este gobierno no escucha ni atiende la voz de los expertos. Por eso, la Fiscalía tendrá que deslindar responsabilidades frente a tantas muertes que eran evitables».
