Por: ABySe Morelia/Redacción
Morelia, Michoacán, México, 5 de junio de 2019.- La propuesta de auditar integralmente al Congreso del Estado de Michoacán reservada por la diputada de Morena Cristina Portillo Ayala, fue aprobada por mayoría, y así quedó asentado en Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al Ejercicio 2018, presentado por la Auditoria Superior de Michoacán, que también fue aprobado por mayoría, por las y los diputados de casi todas las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo.
En la discusión del proyecto y de la reserva de Morena, el diputado Óscar Escobar Ledezma del PAN, también propuso una reserva en el mismo sentido de auditar al congreso, por lo que ambas se fusionaron y se integraron al plan de fiscalización, que al final se votó favorablemente, con lo que se selló un acuerdo político muy importante para auditar al poder legislativo de manera integral, por primera vez en su historia.
Ahora lo que sigue, es establecer los mecanismos para que la Auditoría Superior de Michoacán, c cumpla con el mandato contenido en el plan de fiscalización y, lo más importante, vigilar que los resultados de esta auditoría al legislativo, efectivamente se transparenten como lo manda la ley, pues el congreso es un sujeto obligado a la transparencia y a facilitar el acceso a la información pública.
Al argumentar su propuesta, Portillo Ayala exclamó:” ¡No podemos vivir la transparencia, solo en el discurso, y la rendición de cuentas, como un mero capricho lingüístico, que habría que descifrar desde la semántica! Hoy se requiere auditar al Congreso de Michoacán para dar garantías y generar la confianza absoluta de las y los michoacanos, por quienes estamos aquí”.
La diputada morenista, al argumentar y fundamentar su voto a favor del dictamen de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, explicó que durante las mesas técnicas para conocer los procesos, y acciones de la Auditoría Superior de Michoacán, para fiscalizar los resultados del ejercicio de la cuenta pública de la hacienda de Michoacán, para el año fiscal 2018, se ejerció el mando de la ley -hasta donde está permitido legalmente-, para conocer exactamente: monto, ejecución, las obras y acciones mismas, y los resultados en el uso y correcto destino de los recursos financieros públicos, que deben realizar todas las entidades públicas de Michoacán. Sin embargo, eso no aplicó para el Congreso del Estado de Michoacán, al negarse la auditoría integral al congreso propuesta allí por ella, en la sesión final de la comisión.
La presidenta de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión Inspectora, afirmó que la fracción parlamentaria de Morena había encontrado resistencias para indagar más sobre el propio congreso, por lo que, al final, reconoció la solidaridad y responsabilidad de las diputadas y diputados de Morena y de otros partidos, para avanzar en este histórico acuerdo que permitiría conocer, efectivamente, la ejecución y destino de los recursos públicos en este poder de gobierno.
La transparencia, y la rendición de cuentas, “deben ser las columnas que sostengan toda la estructura de esta que es la Casa de las Leyes de Michoacán” reiteró, al reconocer que ahora, el Congreso de Michoacán será ejemplo de virtud y de práctica concreta, de esos dos atributos que hasta hoy, parecen intangibles. “No podemos ser ni omisos ni opacos. La transparencia se vive, se respira, se autoconstruye, se garantiza, se pone primero en cualquier listado. La rendición de cuentas ¡también!”.”.
Portillo Ayala preguntó: ¿Cómo podríamos fiscalizar a otros poderes de gobierno y otras entidades de la administración pública, si nosotros no cumplimos con las leyes que nos hemos comprometido cumplir y hacer cumplir?, antes de pasarse a votación la propuesta agregada al plan de fiscalización que finamente se aprobó.
Al aprobarse la auditoría integral al Congreso del Estado de Michoacán, ahora sí será ejemplo vivo de lo mismo que se exigirá a todas las entidades fiscalizables: honestidad, pulcritud, transparencia, correcto ejercicio del gasto público, impecable administración de las finanzas, y confiabilidad a la hora de realizar las obras y acciones que se nos encomiendan.